MASACRE EN BAGUA...

REPUDIO A LA REPRESIÓN SANGRIENTA DEL GOBIERNO PERUANO Y SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS.


Nos sumamos a las voces del Continente en repudio de la matanza de indígenas en el Amazonas Peruano y solidarizamos con el conjunto de loa movimientos sociales, rurales e indígenas, en su lucha por la defensa de la tierra y sus recursos naturales.

Una vez más el Gobierno de Alan García mancha sus manos de sangre, con la matanza ocurrida en Bagua Grande y Chica y sectores aledaños, el pasado Viernes 5 del presente. Repudiamos y condenamos esta vil acción que pretende acallar a los pueblos originarios en la lucha por el respeto a sus derechos ancestrales, hoy reconocidos internacionalmente por las Naciones Unidas.

Ell Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Reconocimiento Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, han creado mecanismos para la solución pacífica de conflictos y el respeto a los Pueblos Originarios. Pese a esto, hay gobernantes que todavía procuran judicializar y penalizar la lucha de los indígenas por su dignidad.

Sabemos que mediante estos atropellos se intenta despojar a los indígenas de sus tierras y facilitar su apropiación por las transnacionales y su voracidad neoliberal, sembrando la pauperización, la exclusión y también la muerte.

LLAMAMOS a sumarnos a la Convocatoria de los Pueblos Indígenas de América latina (Abya Yala), de las Organizaciones Campesinas del Continente- CLOC y de la Organización Mundial- VÍA CAMPESINA- y del conjunto de los Movimientos Sociales expresados por la Alianza Social Continental- ASC, a movilizarnos en defensa de los Pueblos Amazónicos, el respeto de sus tierras y territorios, de sus derechos y dignidad.

EXIGIMOS que Alan García enfrente un juicio internacional por estos crímenes.

Desde Chile hacemos llegar a nuestros Hermanos Peruanos nuestro Dolor Solidario y el compromiso por recuperar el Buen Vivir en beneficio de la Humanidad y la Pachamama.

Santiago de Chile7 de Junio de 2009.-


ALIANZA SOCIAL CONTINENTAL- CAPÍTULO CHILE
COMITÉ INTERNACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA- CIP- AL-
COMITÉ DE REENCUENTRO CHILENO BOLIVIANO
CONSEJO DE TODAS LAS TIERRAS
ASAMBLEA MAPUCHE DE IZQUIERDA
COORDINADORA CAMPESINA DE CHILE- CCCH
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES RURALES E INDÍGENAS- ANAMURI
CONFEDERACIÓN CAMPESINA CONAGRO
CONFEDERACIÓN CAMPESINA RANQUIL
MOVIMIENTO UNITARIO CAMPESINO Y ETNIAS DE CHILE- MUCECH
ASOCIACIÓN INDÍGENA LEFTRARU
FORO MUNDIAL DE LA PESCA ARTESANAL Y TRABAJADORES DE LA PESCA
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES DE LA PESCA ARTESANAL- CONFEPACH
CHILE SUSTENTABLE
FUNDACIÓN SOCIEDADES SUSTENTABLES
OBSERVATORIO LATIONOAMERICANO DE CONFLICTOS MEDIOAMBIENTALES- OLCA
FUNDACIÓN CRECIENDO DE TALCA
PLATAFORMA RURAL POR LA TIERRA

Aler hace una llamado ante organismos internacionales.

Catalina BoteroRelatora de Libertad de Expresión CIDH Farnk La RueRelator Libertad de Opinión y Expresión ONU De nuestra mayor consideración Nos dirigirnos a Ustedes en nombre de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, a fin de solicitar su intervención, ante las autoridades del Gobierno del Perú y Organismos Internacionales, ante el cierre de Radio La Voz de Utcubamba, en el Amazonas peruano, por parte de autoridades del Gobierno de Perú con el argumento de "no haber enviado a tiempo documentación sobre la homologación de equipos de la Radio".

Tras días de amenazas y llamadas anónimas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cancela a través de la Resolución viceministerial nº 211-2009-MTC la emisora Radio La Voz, de Utcubamba (Amazonas). Esta emisora cuenta con licencia en regla desde el 13 de marzo de 2007. Consideramos tal acto una represalia por haber informado al mundo sobre los hechos de violencia acontecidos en esa localidad hace pocos días. Se trata a nuestro criterio de unaflagrante violación a la Libertad de Expresión.

Según informa Carlos Flores, de Radio La Voz, hoy llegó hasta la radiodifusora una misiva con la resolución de cierre bajo el argumento de "no haber enviado documentación a tiempo respecto a la homologación de equipos de la radio".

Cabe recordar que tanto la emisora como el periodista Carlos Flores han sido aludidos por congresistas apristas como Jorge del Castillo, que acusó a esta emisora de azuzar las protestas. Esta emisora fue la única que transmitió en directo durante los violentos sucesos de Bagua del pasado 5 de junio.

Su cobertura se ha caracterizado por abrir los micrófonos para que la población de la ciudad de Bagua Grande informara sobre los sucesos y denunciara violaciones de derechos humanos durante el conflicto. Desde el pasado viernes, la emisora ha denunciado ser objeto de amenazas de cierre. El día de ayer, informó que el Ejército impidió la realización de una misa en la ciudad de Bagua Grande por las víctimas de los enfrentamientos, policías y civiles.

Incluso ayer, Carlos Flores denunció a la Coordinadora Nacional de Radio haber recibido llamadas amenazantes que decían 'ya llegamos' y 'ya te toca', adelantando la cancelación de la licencia que se hizo efectiva el día de hoy. Aguardando que sus gestiones puedan ayudar a resolver esta situación, saluda atentamente Néstor BussoVice Presidente de ALER

Aprodeh levanta un listado con 61 nombres de personas desaparecidas

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) adelantó que 61 personas continúan desaparecidas según un listado preliminar que la organización ha levantado en la zona del conflicto desde el día 6 de junio, un día después del desalojo de la Curva del Diablo."Es una lista de nombres que tenemos de un cruce inicial que se ha hecho", explicó el abogado Juan José Quispe, de Aprodeh, quien se desplazó a Bagua para levantar datos sobre fallecimientos y violaciones de Derechos Humanos.

"Familiares y amigos buscan personas que podrían encontrarse refugiadas. Van a buscarlos a Bagua Grande, Bagua Chica y al cuartel Militar El Milagro y no los encuentran". El listado levantado por la ONG incluye los nombres de 61 personas, según informó Quispe. "Estas personas no están en los listados de heridos y refugiados levantados por la Defensoría del Pueblo. Aunque Quispe no descartó que puedan encontrarse escondidas por temos a las fuerzas del orden, quiso llamar la atención "sobre la poca o nula información que dan las autoridades a los familiares". Además, Aprodeh informó de la existencia de 133 detenidos y 189 heridos.

El representante legal de Aprodeh, Juan José Quispe, destacó que durante su visita a Bagua Chica, Bagua Grande y el cuartel El Milagro identificaron graves violaciones a los DDHH. “Las autoridades no colaboran con brindar una investigación preliminar acorde con que la mayoría de detenidos son nativos y no cuentan con un intérprete, por lo que cuando rinden sus declaraciones tienen dificultades.Mencionó también que las personas detenidas en el cuartel El Milagro se hallan en esta instalación militar desde hace 7 días sin una papeleta de detención que respalde esta privación de la libertad.“Se ha configurado una violación de manera flagrante por parte de las autoridades policiales, fiscales y judiciales”, precisó.“Otro hecho hemos podido verificar en la comisaría de Bagua Chica es que la mayoría de detenidos fueron maltratados por personal policial. Se solicitó que se pase por un nuevo examen médico legista.

Sin embargo, el fiscal de la primera fiscalía de Bagua no aceptó esa solicitud, pese a que se dio el nombre de un capitán de apellido Jiménez que sería el autor de los maltratos”, agregó.Fue durante la conferencia de prensa en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), convocada por organismos activistas que se solidarizan con las víctimas civiles y policiales del conflicto en la amazonía y exigen se garantice el respeto a los derechos fundamentales de los pobladores nativos que continúan heridos, desaparecidos o que sufren atentados contra sus libertades.

Además de representantes la CNDDHH y de Aprodeh, estuvieron ejecutivos del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropologia y Aplicación Práctica (CAAAP), quienes rechazaron el manejo del gobierno al conflicto, “cuyas malas decisiones colocaron en riesgo mortal a indígenas y policías”.Aceleren las indagacionesA una semana de consumados los luctuosos hechos en Bagua, el secretario ejecutivo de la CNDDHH, Ronald Gamarra, exigió que se acelere la investigación sobre posibles personas aún desaparecidas, así como se asegure el acceso a atención médica de todos los heridos. Solicitaron también se atienda a los deudos de la policía para acceder a derechos como la pensión y el seguro.

Tras pedir que se levante lo antes posible la declaración de estado de emergencia, exhortaron al gobierno a bajar el tono de sus declaraciones y evitar discursos que generen más polarización, así como el cese de la persecución a dirigentes indígenas.Calificaron de indignante que el Congreso haya expresado su posición sólo luego de dos meses de huelga indefinida en toda la región amazónica y 34 muertos, e invocaron al Tribunal Constitucional a resolver con celeridad las demandas de inconstitucionalidad presentadas.

Una Masacre en la amazonia peruana

La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos.A las seis de la mañana del viernes 5 de junio despegaron tres helicópteros MI-17 de la base de la Policía Nacional en El Milagro, sobrevolaron la Curva del Diablo—parte de la carretera que une la selva con la costa norte—que estaba ocupada desde hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis (antes llamados jíbaros). Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que además dispararon metralletas) mientras de forma simultánea un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM. Allí se habrían producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.La población de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilómetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Varios policías fueron atacados y muertos en venganza, mientras otros indígenas eran muertos por la policía. A la vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policías que custodiaban una estación petrolera en la Amazonia, algunos de los cuales habrían sido muertos por sus captores, mientras unos mil inidos amenazaban con incendiar la estación número 6 del oleoducto norperuano.Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que hay once indígenas y 23 policías muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400 desaparecidos. Según testigos los militares incineraron cadáveres y los arrojaron al río para ocultar la masacre, a la vez que tomaron prisioneros heridos en los hopitales.

En todo caso, lo seguro es que el gobierno envió fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.El día 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, condenó los hechos de violencia, recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo1.

El día 9 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció "haber registrado una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos" en la zona de Bagua. Destacó la negativa del gobierno a informar qué personal policial está encargado de la investigación de los hechos, su preocupación por la situación de 25 detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos desde que se implantó el toque de queda en Bagua2.El presidente García acusó a los indios de "terroristas" y habló de una "conspiración internacional", en la que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y Venezuela, ya que como países productores de gas y petróleo buscarían evitar que Perú explote esos recursos y se convierta en competidor3.

Hace pocas semanas Perú otorgó asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la "guera del gas" en octubre de 2003.Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la forma como el gobierno ha manejado la situación. Según el primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debió a su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policías muertos y de indígenas portando lanzas y flechas, se presenta a los nativos como "salvajes", "asesinos feroces" y "extremistas" que siguen "consignas internacionales" para "detener el desarrollo del Perú" e impedir que el país "disfrute de su petróleo".

El anuncio asegura que no hubo represión sino "un asesinato salvaje de policías humildes"4.El dirigente de AIDESEP (Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana), que reúne a 300 mil indígenas y 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como "delincuente" por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada parlamentaria oficialista, acusó a la izquierda, al dirigente del Partido Nacionalista del Perú, Ollanta Humala, y a los medios de comunicación amazónicos de "haber azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la policía" y amenazó con una demanda por terrorismo.

El conflicto había comenzado el 9 de abril con la movilización de los pueblos amazónicos y la toma de carreteras y ductos de gas y petróleo, contra la implementación de una batería de decretos en el marco de la implementación del TLC. Pero la situación se agravó el jueves 4, cuando el APRA impidió al Congreso debatir la derogación de algunas leyes cuestionadas por los indígenas, que ya contaban con un dictamen de la Comisión de Constitución por considerarlas inconstitucionales.El perro del hortelanoEl TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo de 2004 bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005). El tratado estaba destinado a sustituir la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, firmada en 2002 y vigente hasta diciembre de 2006.

El TLC elimina obstáculos al intercambio comercial y además facilita el acceso a bienes y servicio y los flujos de inversiones, pero incluye como se sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad intelectual, contrataciones públicas y de servicios, y solución de controversias.El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo presidentes Alan García y George W. Bush. En junio de 2006 fue ratificado por Perú y en diciembre de 2007 por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entró en vigor luego de que Bush y García lo firmaran el 16 de enero de ese año.La firma del TLC provocó grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por parte de campesinos que se mostraron como el sector más perjudicado por la eliminación de aranceles y protecciones comerciales. Aunque el gobierno aseguró que daría compensaciones a los productores, éstas nunca llegaron.

El 18 de febrero de 2008 se produjo la Paralización Nacional Agraria con cortes de rutas en todo el país que se saldaron con cuatro muertos por la represión policial y la imposición del Estado de Emergencia en ocho provincias.El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el diario El Comercio, de Lima, bajo el título "El síndrome del perro del hortelano". Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la conservación de la Amazonia: "El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista".En su opinión, los que se oponen a la explotación intesniva de la Amazonia son como el perro del hortelano, que "no come ni deja comer". "Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura y la producción.

Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica", dice en su artículo."El primer recurso es la Amazonia", asegura. Son 63 millones de hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de "5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología".Sobre la tierra, apunta que no se debe "entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir", y que "esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología". Poco le importa que esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinión son apenas "tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente".

El TLC y los Decretos LegislativosEn base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementación del TLC a través de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que están en la base de la polémica actual.Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye que el Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas temporalmente por el Parlamento "para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación aprobada por el Congreso"5.En consecuencia, el informe establece que "tales decretos pueden ser calificados de inconstitucionales por razones de forma", cuestión que "ameritaría su derogación" por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Además, señala que a través de los 99 DL "se ha buscado realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y competencial de diversas entidades del Estado, así como del régimen regulatorio aplicable a actividades económicas de especial relevancia", sin relación estricta con el TLC6.Los más controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el número de votos requeridos para vender las tierras comunales (sólo tres votos podían enajenar la tierra de lacomunidad).

El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto de 2008. El DL 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin efecto el requisito de acuerdo previo para emprender proyectos y se lo considera también inconstitucional.El DL 1083 (Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos) favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras. Además los DL 1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas transnacionales.

El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las demandas indígenas de "caprichos". El 5 de mayo los obispos de ocho vicariatos católicos exigen al presidente Alan García derogar los DL porque los consideran una "amenaza para la Amazonia". El 10 de mayo el gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones del país donde se producen cortes de rutas y paralización de puertos y oleoductos.El 19 de mayo, la Comisión de Constitución del Parlamento declara el DL 1090 como inconstitucional.

El informe elevado por la Comisión7, establece en sus conclusiones que el decreto "no respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas". Además señala que "contraviene el artículo 66 de la Constitución, al regular la materia de recursos naturales, que está exclusivamente reservada a la ley orgánica".En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar por decreto en ciertas materias, según lo estipula la Constitución, tarea que recae exclusivamente en el Congreso.

La decisión de la comisión debería ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22 de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernández, denuncia a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedición y conspiración. El 26 de mayo awajún y wampis toman la carretera Belaúnde Terry en la Curva del Diablo y unos 1.200 indios vigilan la Estación 6.El 26 de mayo se produce una masiva movilización en Lima en apoyo a la lucha amazónica. El 28 de mayo comuneros de la selva de Cusco toman una segunda válvula del gasoducto de Kamisea. El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno "aplicar la ley" para liberar carreteras y ductos en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas pide algobierno peruano "suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de las comunidades y organizaciones indígenas" y "evitar cualquier acción, como la intervención militar, que podría aumentar el conflicto"8.El 4 de junio en el Parlamento la mayoría aprista decide suspender el debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090.

La Defensoría del Pueblo presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639 agentes de la Dirección de Operativos Especiales y personal de las fuerzas armadas atacan a los indígenas en la Curva del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos.La masacre de los penalesEl 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón, y el penal de mujeres Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la realización de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan García.Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de Ministros encargó a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperación de los penales.

El primero fue la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a los rehenes con un saldo de dos presas muertas.A medianoche se inició el ataque a la cárcel-isla de El Frontón por parte de la Infantería de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a quienes negaron autorización para ingresar al edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehén y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actuó la gendarmería y el Ejército con un saldo de 124 senderistas muertos y ningún uniformado.El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró que fue "el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas", ya que "se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y una comisión parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar la responsabilidad política del presidente. Sin embargo, Alan García otorgó impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.Un documento publicado por la iglesia católica el mismo 19 de junio, titulado "Masacre de los penales de Lima", hace un breve y estremedor relato de esos hechos: "En Santa Bárbara –cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana.

Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos son fusilados después de rendirse. En El Frontón, la operación se encomienda a la Marina que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco a la prensa".La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la matanza fue un punto de inflexión en la política antiterrorista, ya que hasta ese momento Alan García había mostrado interés en frenar las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese momento alentó la represión.Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudización de la represión por parte del gobierno peruano.

La protesta amazónica no ha bajado en intensidad luego de la masacre: la casi totalidad de los 56 pueblos indígenas amazónicos reafirmaron que continuarán con los bloqueos hasta que el gobierno retire los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la OIT y los derechos sobre sus territorios. Según todos los testimonios, la situación es explosiva.En un intento tardío por descomprimir la situación, el día 10 el Congreso con los votos del APRA y los fujimoristas, aprobó la suspensión de dos de los nueve Decretos Legislativos más cuestionados por los indígenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron suspendidas indefinidamente. La decisión puede ser apenas una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una negociación. Sin embargo, tanto la huelga amazónica como las marchas en las principales ciudades del país fueron confirmadas luego de conocerse el paso atrás dado por el gobierno.Hugo Blanco, legendario luchador social peruano y editor del mensuario Lucha Indígena, esboza en su editorial un mirada de largo aliento: "Luego de 500 años de silenciamiento, los amazónicos reciben el respaldo de los pueblos del Perú y del mundo. Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están re-escribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad"9.Foto: Perú, Bagua - Los hechos del 5 de junio dejaron un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.

/ Autor: INTERCONTINENTALCRYNotas:1) Servindi, 9 de junio de 2009.2) Idem.3) La Jornada, 7 de junio de 2009 en base a cables de Reuters, AFP y DPA.4) Página 12, 10 de junio de 2009.5) Francisco Eguiguren, ob. cit. p. 96.6) Idem p. 97.7) "Informe sobre DL 1090. Comisión de Constitución y Reglamento", 19 de mayo de 2009 en www.servindi.org.8) Cronología extraída de Lucha Indígena No. 35 y Ana Maria Vidal ob. cit.9) Lucha Indígena No. 34.Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales.

Represión contra indígenas en Perú deja al menos 33 muertos y 113 heridos
De los fallecidos, 22 son nativos y once policías; Lima se prepara para decretar el toque de queda. El Ejecutivo decidió resolver el conflicto en el campo de batalla: dirigente opositor Ollanta Humala
Lima, 5 de junio. Contingentes de la policía peruana desalojaron violentamente a indígenas que bloqueaban una carretera en el departamento de Amazonas, con apoyo de helicópteros, lo que dejó un saldo de unos 33 muertos y 113 heridos, y desató en la ciudad de Bagua una serie de desórdenes, quema de edificios públicos y saqueos.
Entre las víctimas hay 22 nativos y 11 policías, en enfrentamientos que ocurrieron durante una protesta de etnias de cinco departamentos que reclaman la derogación de leyes que -según las organizaciones indígenas- vulneran sus territorios y medio ambiente, en relación con la explotación de recursos petroleros en beneficio de empresas trasnacionales.
En este contexto y sin descartarse una crisis de gabinete, según analistas, Lima se disponía a decretar el toque de queda en Bagua y otras localidades de la región. El canciller José García Belaúnde, al anunciar la medida dijo que el objetivo es crear un clima de calma para retomar el diálogo, que con violencia y ataques a la propiedad privada no es posible.
"Yo quiero responsabilizar al gobierno del presidente Alan García por ordenar el genocidio. Ellos nos están tirando balas como animales", dijo el líder de los nativos de la zona, Alberto Pizango, en conferencia con la prensa extranjera. Añadió que, según informes recibidos desde la zona de conflicto, hay 22 nativos muertos tras los choques con la policía, que realizó disparos desde un helicóptero.
Las autoridades locales en Bagua hablaban de sólo siete civiles muertos y confirmaron que nueve policía también fallecieron.
La ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, dijo a periodistas que los policías muertos suman nueve, y describió la situación en Bagua como "un caos; han quemado locales públicos, no hay autoridad del gobierno regional, vamos a recomendar la aplicación del toque de queda", ante la reacción enfurecida de los pobladores luego del desalojo violento.
En tanto, el presidente Alan García justificó la acción de la policía como parte de las atribuciones para velar por el orden y la seguridad. Durante un acto público afirmó que "llegó el momento de abrir las carreteras, los ríos y asumir las responsabilidades", en respuesta a las protestas de unas 65 etnias que desde el 9 de abril comenzaron sus movilizaciones.
Añadió que su gobierno ha tenido "mucha serenidad y frialdad, pero cuando se dice vamos a bloquear y a cortar el gasoducto, que dejaría sin luz a todos los peruanos, qué puede hacer el gobierno sino actuar con energía para poner orden". Sostuvo que detrás de la protesta hay intereses ideológicos nacionales e internacionales de los "enemigos del desarrollo".
Miles de nativos iniciaron su protesta en abril para exigir la eliminación de leyes aprobadas por el gobierno de Alan García, que buscan mayor inversión privada en zonas ricas en recursos naturales, como petróleo y gas. Fue una huelga focalizada en los departamentos de Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
Las protestas han obligado a la empresa estatal Petroperú a cerrar temporalmente el único oleoducto que transporta crudo de la selva norte hasta la costa del Pacífico. Asimismo, la argentina Pluspetrol detuvo su producción en el norte del país debido a la falta de capacidad de almacenamiento.
El presidente García lamentó las muertes y acusó a los dirigentes de los nativos de provocar a la policía en el momento de despejar las carreteras bloqueadas, protesta que según dijo tiene el apoyo de políticos opositores. Incluso su canciller García Belaúnde acusó a los indígenas de haber atacado a la policía con armas de fuego durante los enfrentamientos.
Pero Pizango y los líderes que lo acompañaban en una rueda de prensa en Lima, aseguraron que sus compañeros carecen de armas de fuego y que la protesta ha sido en todo momento pacífica, y no descartaron que los policías, al disparar simultáneamente desde distintos puntos, murieron por balas disparadas por ellos mismos.
El dirigente indígena atribuyó el "genocidio" al presidente García, a la ministra Cabanillas y al líder del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, éste último por no permitir el debate en el Legislativo de los decretos cuya derogación exigen los nativos y luego de que los intentos de diálogo no han prosperado y prevalece la situación en impasse.
El Congreso, con mayoría oficialista, suspendió ayer la discusión para derogar la Ley Forestal y Fauna Silvestre, que según el gobierno regula la inversión privada en el sector. Decretos firmados por el gobierno entre 2007 y 2008, que además relajan los controles sobre la explotación de minerales, maderas, agricultura y explotación petrolera, que incluye la entrega de lotes a trasnacionales.
Pizango, denunció que la matanza de hoy a manos del gobierno forma parte de "un plan de entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras, que incluye privatizar nuestras tierras".
Analistas afirman que el conflicto podría provocar la renuncia del primer ministro Yehude Simón, con lo cual se generaría una crisis en el gabinete de García.
"Probablemente lleve a Simón a renunciar porque su política de diálogo ha fracasado indudablemente", dijo el sociólogo Sinesio López, de la Universidad Católica.
El director de la policía nacional, José Sánchez Farfán, informó que 639 policías chocaron con las etnias en la zona Curva del Diablo cuando buscaban desbloquear una carretera en Bagua Grande, en la región de Amazonas.
Dijo que en la zona protestaban unos 2 mil indígenas y que los uniformados fueron atacados con armas de fuego.
El líder opositor, el nacionalista Ollanta Humala, rechazó las acciones del gobierno en la localidad de Bagua. "El gobierno ha decidido resolver el problema social, económico y político, no en el Congreso, sino en el campo de batalla", dijo en rueda de prensa.
La Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y organismos de derechos humanos exigieron al gobierno detener los enfrentamientos en Bagua, donde según la policía continuaban esta noche los choques, lo que obligó al cierre de todos los negocios en la zona.
Por último, un grupo de 38 policías fue secuestrado por unos mil indígenas en la selva norte de Perú y han amenazado con matarlos, informó Yehude Simón.